La Controloría detecta un perjuicio que supera los USD 8 millones por irregularidades en la U. de Guayaquil

Escrito por el junio 22, 2018

Dos exámenes especiales de la Contraloría General del Estado reavivan la confrontación en la Universidad de Guayaquil. Los análisis están relacionados con la emisión de supuestos títulos falsos en la Facultad de Jurisprudencia e incrementos de remuneraciones y viáticos, que no habrían sido justificados con documentación.

El centro de estudios suma una glosa de USD 8,8 millones, por un análisis que abarca parte del período de intervención que duró más de tres años. Un grupo de docentes pide la salida del rector y otras autoridades de la universidad y de Jurisprudencia, por supuestamente no cumplir con las recomendaciones de la Contraloría.

El pasado jueves, el rector Galo Salcedo habló de los encargos que recibió de ese organismo de control. Comenzó su discurso asegurando que no dejará su puesto porque fue elegido democráticamente. Y aclaró además que durante su gestión (desde mayo de 2016 como encargado y luego como titular) ha colaborado con más de 15 exámenes especiales, que en su mayoría no corresponden a su gestión.

Explicó que el miércoles 20 de junio del 2018 recibió por la mañana el informe sobre la Facultad de Jurisprudencia. Y que al finalizar la tarde llegó otro informe de auditoría interna, también elaborado por la Contraloría.

“Dicho informe indica que sí se cumplieron las recomendaciones señaladas en el proceso. No existe concordancia, con mucho respeto lo digo, entre documentos emitidos por la misma Contraloría”, indicó Salcedo.

El análisis a las actividades financieras, académicas, administrativas y financieras de la Facultad de Jurisprudencia abarcó de enero del 2015 a noviembre del 2017. Este examen detectó irregularidades en la emisión de 28 títulos de abogados, registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt).

“Cuatro actas de grado se emitieron dos meses antes de que los estudiantes culminen su trabajo de titulación. 23 actas de grado fueron emitidas sin que los estudiantes hayan realizado ningún tipo de trabajo de titulación”, se cita en parte de las conclusiones.

Las actas habrían sido firmadas sin verificar, previamente, la fecha en que los estudiantes culminaron sus estudios. Tampoco se solicitó la validación académica a la Unidad de Titulación Especial de la carrera de Derecho, según el examen. Esto ocurrió entre noviembre de 2016 y diciembre del 2017.

El otro análisis se enfocó en las remuneraciones, pago de viáticos y subsistencias, entre enero de 2012 y abril del 2017. El examen determinó incrementos de salarios por USD 7 494 394,22, “que no fueron documentados en su oportunidad por parte de los servidores de Talento Humano”. Estos aumentos se dieron en los años 2015, 2016 y 2017.

También determinaron pagos de horas extraordinarias que no cuentan con documentación pertinente. Estos sumarían USD 1 285 210,92. La Contraloría atribuye el perjuicio a la falta de control por parte del rector, director de Talento Humano y director Financiero del periodo de análisis.

De igual manera, los pagos por subrogaciones sin respaldo sumarían USD 18 045,39. Y los pagos por encargos alcanzarían los USD 9 985,75. También cuestiona la contratación de personal ocasional por más de dos años (2014-2015), que habría sobrepasado lo indicado en disposiciones legales.

En cuanto a viáticos al exterior, la U. de Guayaquil canceló USD 12 154,65 a servidores entre febrero de 2016 y marzo de 2017. Estos desembolsos no habrían tenido la autorización de la máxima autoridad.

Otra de las falencias que detectó la Contraloría apunta al personal administrativo de la universidad que también cumplía funciones de docencia. Es decir, percibían doble remuneración y no se presentaron documentos de sus horarios de trabajo ni de su perfil como docentes.

“Lo expuesto se produce por falta de control por parte del presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento y el director de Talento Humano, que actuaron en el periodo del examen”, indica el examen.

Camilo Morán es delegado del Consejo Universitario y miembro de la Comisión Anticorrupción en Guayas. El docente explica que ha entregado información al Consejo de Educación Superior (CES) para que se investigue más a fondo a la universidad.

“Esta es solo la punta del iceberg (…). Por ejemplo, hace dos años se hicieron unos concursos de méritos y oposición para elegir profesores. Fueron como 400 plazas y el 80% ganó lícitamente. Pero hubo un 20% de supuestos ganadores que entraron cometiendo actos irregulares”, aseguró.



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